En su informe sobre derechos humanos en República Dominicana, Amnistía Internacional (AI) asume sucesos específicos aislados relacionados con violación de derechos ciudadanos para presentarlos como si fueran resultado de políticas públicas destinadas a promover discriminación, apatridia, racismo o xenofobia.
Es el caso de la construcción de un muro fronterizo para reducir la incidencia del crimen organizado y de la inmigración irregular, sobre el cual esa entidad considera que agravaría la xenofobia y limitaría “las rutas seguras para los haitianos que piden protección internacional”.
Sin reconocer la potestad del Estado dominicano de aplicar sus leyes migratorias, Amnistía Internacional denuncia que las autoridades dispensan trato “racista” en las repatriaciones de indocumentados, y llega al colmo de censurar al Gobierno por no atender al pedido de la ONU de detener las deportaciones.
Sin aportar evidencias, en el informe de AI se reitera que las repatriaciones de ciudadanos haitianos sin papeles incluyen a niños, adolescentes y mujeres embarazadas, pero no consigna en ese documento que centenares de haitianas vienen a alumbrar sus niños en maternidades dominicanas.
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También se repite la infamia de que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, sobre hijos de indocumentados privó de su nacionalidad a miles de dominicanos, cuando lo que determinó esa corte fue precisar que en esos casos el jus sangunis (derecho de sangre) prevalece sobre el jus solis (derecho de suelo).
Amnistía Internacional pone en duda la efectividad de la Ley de Regularización de Migrantes, mediante la cual miles de haitianos han obtenido sus documentos de residencia, pero ha resultado difícil regularizar la situación migratoria de otros miles que carecen de documentos de identidad de su país de origen, sin que se limite su acceso a la educación y atención médica.
Lo denunciado por AI en torno a presiones para no aprobación del aborto en sus tres causales y los excesos policiales y uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional deben ser afrontadas por el Congreso y el Gobierno, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, sin injerencia extranjera.
El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana oscila entre la exageración y la falsedad, especialmente en la burda acusación de que el Estado viola derechos de migrantes haitianos y de que promueve racismo, xenofobia y apatridia.