Con extensión de carnés, el Gobierno vuelve a flexibilizar política migratoria

SANTO DOMINGO. Con la decisión del Consejo Nacional de Migración de extender por un año la vigencia de los carnés expedidos a extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, el Gobierno dominicano vuelve a ser flexible con las políticas migratorias que implementa a partir de 2013, que benefician a una población en su mayoría haitiana, y motivaron cuestionamientos internos y foráneos.

La vigencia de los carnés empieza a correr a partir del 26 de agosto próximo, informó hoy el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret. Quienes resulten elegibles deberán tramitar su asignación, cambio o renovación de categoría, de acuerdo con un protocolo que establecerá la Dirección General de Migración.

A raíz de un recurso de revisión de un proceso judicial sobre reconocimiento de nacionalidad presentado por Juliana Deguis Pierre, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 168-13, en la que dispuso la elaboración del Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país.

Posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el decreto 327-13, que instituyó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana. En un plazo de 18 meses, quienes debían acogerse, tenían que hacer su solicitud. El plazo corría a partir de su puesta en vigencia.

Por el caso de Deguis y las medidas migratorias por aplicar, el país recibió presión de organismos internacionales. En la Cuadragésima Quinta Asamblea del Sistema de Integración Latinoamericano (SICA), el presidente Danilo Medina aseguró que las críticas eran una “campaña sucia” y “falsas acusaciones de racismo o xenofobia”.

En julio de 2015 la organización Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington, afirmó que el Gobierno dominicano pagó a una firma de abogados extranjera para que hiciera cabildeo en defensa de la política oficial sobre la regularización de inmigrantes.

Fue el 2 de junio de 2014 cuando se comenzó el registro para el Plan Nacional de Regularización. Miles acudieron los primeros días, hasta que con el pasar del tiempo se redujo la afluencia a las oficinas destinadas para el proceso.

En octubre de ese mismo año, cuando se habían recibido poco más de 3,000 solicitudes para acogerse a la Ley 169-14 sobre Régimen Especial de Naturalización –otro proceso que afectaba a descendientes de migrantes- el Senado aprobó un proyecto sometido por el presidente Medina para extender por 90 días el plazo que otorga la legislación, que establece un régimen especial para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil.