No afloran indicios de que se haya producido alguna reducción en las dramáticas estadísticas arrojadas por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples que colocan a República Dominicana en el primer lugar de América Latina en embarazos de adolescentes.
Ese informe, que data de 2019, reveló que los partos en menores de edad cuestan al Estado dominicano unos 245 millones de dólares al año, equivalente al 0,29 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar la afectación que tienen sobre la familia y la educación.
La directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Alexandra Santelises, dijo que el país figura en cuarto lugar entre las naciones de la región con uniones tempranas por encima de la media regional, algo como para ponerse a llorar.
El Conani ha anunciado el lanzamiento de la campaña educativa “Toma el control-ponlo en pausa”, con el propósito de orientar a padres, madres, niños y jóvenes en la prevención y disminuir las alarmantes cifras de embarazos y uniones libres que involucran a menores.
Alarma saber que el 35 % de las mujeres entre 20 y 49 años formalizó unión conyugal antes de cumplir los 18 años y un 11 % antes de los 15, según arrojó la encuesta de referencia, lo que configura una de las causas por tantos hogares disfuncionales y del número tan alto de niñas y adolescentes que fungen de madre a temprana edad.
Otro dato estremecedor es el que refiere que casi el 25 % de los abortos que se practican en el país corresponden a adolescentes, la mayoría de las cuales deben ser atendidas en hospitales públicos a causa de esas intervenciones, y como sería lógico suponer, no pocas mueren en el intento.
Los menores carecen de discernimiento jurídico para consentir sexo o concertar tipos de unión libre o matrimonio informal con adultos, por lo que el Ministerio Público desatiende su obligación de proteger a niñas y adolescentes en situación de peligro, como lo refleja el hecho de que las maternidades están repletas de madres prematuras.
Se resalta la iniciativa del Conani de lanzar una campaña mediática para educar a niñas y adolescentes sobre el peligro que representa el sexo temprano con su secuela de embarazo, riesgo de aborto o maternidad precoz, pero también se requiere que el Ministerio Público proteja los derechos de las niñas y adolescentes, que aprese y someta a la justicia a los adultos que incurren en violación o abuso sexual contra menores, en el entendido de que la conversión de las víctimas en esposas o concubinas parturientas no redime el crimen.